La Asamblea Legislativa de El Salvador, mediante la Comisión de Obras Públicas, aprobó una propuesta que intenta suprimir la exigencia de crear áreas para estacionamiento en desarrollos residenciales, comerciales e industriales. Esta acción es parte de una iniciativa promovida por el Ministerio de Vivienda y tiene como objetivo disminuir los gastos de construcción, mejorar el acceso a viviendas y fomentar un uso más eficiente del terreno urbano.
Con esta reforma, los permisos de construcción ya no estarán condicionados a la inclusión de parqueos, salvo en casos donde se requieran por accesibilidad para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores y vehículos de emergencia. Se trata de una disposición de carácter general que busca desburocratizar los trámites de urbanización y edificación, sobre todo en zonas céntricas y urbanas donde el valor del suelo es más elevado y el uso del automóvil privado no es prioritario.
Desde el Ministerio de Vivienda se sostiene que este cambio es crucial para impulsar el sector de bienes raíces, particularmente en las áreas de vivienda de interés social. Se ha indicado que la exigencia de estacionamientos aumenta considerablemente el costo de cada vivienda, con alzas que pueden exceder los 10,000 dólares por espacio para vehículo. Este costo extra, a menudo innecesario para familias sin automóvil, acaba afectando la asequibilidad y restringe el acceso a alternativas habitacionales formales.
La modificación también incluye estímulos en el ámbito urbanístico. Aquellas iniciativas que elijan omitir de manera total o parcial la creación de estacionamientos podrían obtener ventajas en sus parámetros de construcción, como la disminución de los límites de impermeabilización. Esto constituye un beneficio extra para los desarrolladores que eligen diseños ecológicos o verticales. Está dentro de una perspectiva más general de cambio urbano que favorece el transporte público, la movilidad de los peatones y el uso eficaz de los recursos.
El fallo ratificado dispone que ningún servidor público, autoridad municipal ni especialista en planeación urbana podrá imponer la inclusión de estacionamientos como condición obligatoria. Si lo hicieran, podrían enfrentarse a sanciones administrativas e incluso judiciales. Este asunto pretende eliminar interpretaciones subjetivas de las normativas, proporcionando más seguridad a los desarrolladores y disminuyendo las posibilidades de decisiones arbitrarias.
La iniciativa fue apoyada en su mayoría por los legisladores del partido gobernante, quienes indicaron que es una acción alineada con los intentos del gobierno de incentivar la inversión, actualizar el urbanismo y disminuir los gastos de la vivienda. Asimismo, subrayaron que los constructores continuarán teniendo la opción de añadir estacionamientos si lo consideran necesario para su modelo comercial o la demanda del mercado.
Desde algunos sectores profesionales de la arquitectura y la planificación urbana, se ha saludado la reforma como un paso hacia ciudades más compactas y sostenibles. Sin embargo, también se han levantado voces que piden cautela y una planificación integral que evite desequilibrios, especialmente en zonas donde la oferta de transporte público es deficiente o inexistente. Aseguran que la medida debe estar acompañada de políticas complementarias de movilidad, expansión de ciclovías y fortalecimiento del transporte colectivo para que los ciudadanos no se vean afectados por la reducción de espacios de parqueo.
La iniciativa aún deberá ser ratificada en una votación plenaria, pero todo indica que cuenta con los votos necesarios para convertirse en ley. Su implementación marcará un giro importante en la regulación urbanística del país, eliminando una de las barreras históricas que más ha limitado el desarrollo de proyectos de vivienda asequible en áreas densamente pobladas.
Con esta decisión, El Salvador se suma a una tendencia que ha cobrado fuerza en varias ciudades de América Latina y del mundo, donde se revisan las normativas tradicionales que priorizaban al automóvil y se apuesta por modelos de urbanismo más inclusivos, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de la población.
