El planeta vive una urgencia climática que ya no permite postergaciones, y una década después del Acuerdo de París, los compromisos, progresos y vacíos se evalúan no por declaraciones, sino por variaciones térmicas, efectos concretos y decisiones que definirán el porvenir de las generaciones venideras.
En 2015, casi doscientos países acordaron un marco común para enfrentar la mayor amenaza ambiental de la era moderna: el cambio climático. El Acuerdo de París estableció como objetivo central limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, una cifra que, más que un número técnico, representaba una línea de defensa para la estabilidad de los ecosistemas, las economías y la vida humana. Diez años después, esa meta sigue siendo el principal referente, pero el contexto es más urgente y desafiante. Las proyecciones actuales indican que, con los compromisos vigentes, el planeta se encamina a un aumento de entre 2,6 y 3,1 °C, un escenario que multiplicaría los riesgos climáticos, sociales y económicos a escala global.
El año 2024 marcó un punto de inflexión simbólico y alarmante: por primera vez, la temperatura media anual del planeta superó el umbral de 1,5 °C. Este hito no implica que el objetivo esté definitivamente perdido, pero sí confirma que la ventana de acción se estrecha rápidamente. El mensaje es inequívoco: la acción climática dejó de ser una aspiración estratégica para convertirse en una urgencia estructural que atraviesa todas las dimensiones del desarrollo.
El Acuerdo de París como guía en un entorno cada vez más volátil
El valor del Acuerdo de París no radica únicamente en sus metas numéricas, sino en haber establecido una dirección compartida en un sistema internacional fragmentado. Por primera vez, países desarrollados y en desarrollo asumieron compromisos climáticos bajo un marco común, con revisiones periódicas y un principio de progresividad que obliga a aumentar la ambición con el tiempo.
Sin embargo, la brecha entre los compromisos declarados y las reducciones efectivas de emisiones sigue siendo significativa. La economía global continúa dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, mientras que los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y las crisis energéticas han puesto a prueba la coherencia de las políticas climáticas en múltiples regiones. En este contexto, cumplir con el espíritu del Acuerdo de París exige algo más que planes nacionales: requiere voluntad política sostenida, innovación tecnológica, financiamiento adecuado y una participación activa de actores no estatales, especialmente el sector privado y la sociedad civil.
A diez años de su firma, el Acuerdo de París continúa siendo la guía que marca el rumbo de la acción climática mundial, aunque por sí mismo no asegura alcanzar la meta; la rapidez y coherencia del trayecto dependen de las decisiones que se adopten ahora, sobre todo en esta década decisiva.
Chile frente al desafío global: avances concretos y liderazgo regional
Desde su realidad geográfica y económica, Chile ha buscado posicionarse como un actor relevante en la acción climática, tanto a nivel regional como internacional. Desde 2015, el país ha experimentado una transformación profunda en su matriz energética, impulsada por una combinación de políticas públicas, inversión privada y condiciones naturales favorables.
La inversión en energías renovables se incrementó hasta multiplicarse por diez en menos de una década, lo que ha permitido que actualmente más del 60 % de la electricidad provenga de fuentes limpias. El avance de la energía solar en el norte del país y el impulso de parques eólicos distribuidos por todo el territorio han posicionado a Chile como uno de los mercados más dinámicos en materia de transición energética en América Latina. A esto se suma su temprana incursión en la industria del hidrógeno verde, con iniciativas orientadas a transformar al país en un proveedor clave de combustibles limpios para apoyar la descarbonización a nivel mundial.
Estos avances no son casuales. La promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 marcó un hito institucional al establecer la carbono-neutralidad al año 2050 como un mandato de Estado, trascendiendo los ciclos políticos. Asimismo, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020 fijó metas claras de reducción de emisiones de CO₂ al 2030, reforzando la señal de largo plazo para inversionistas y actores económicos.
La otra cara de la crisis: impactos climáticos y necesidad de adaptación
Pese a los avances en mitigación, la realidad climática ya se expresa con intensidad en el territorio chileno. La sequía prolongada impacta a cerca del 80 % del país, modificando la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura, la industria y los ecosistemas. Los incendios forestales, cada vez más habituales y severos, revelan la fragilidad de los paisajes y de las comunidades frente a eventos extremos que el cambio climático ha ido agudizando.
Estos impactos han situado en el centro del debate la urgencia de avanzar con igual firmeza en adaptación y resiliencia. Disminuir las emisiones resulta imprescindible, aunque por sí solo no basta. Las políticas climáticas deben prever riesgos, reforzar las capacidades locales y resguardar a los sectores más expuestos, especialmente a las comunidades rurales, los pueblos originarios y los grupos socioeconómicos vulnerables.
En este contexto, la actualización de la NDC presentada por Chile en la COP30 representó un paso relevante. El nuevo marco para el periodo 2025-2035 elevó la ambición climática e incorporó de manera más robusta la adaptación, la resiliencia y la justicia social como ejes centrales de la acción climática. Este enfoque reconoce que la transición no puede ser únicamente tecnológica, sino también social y territorial.
Una transición equitativa y recursos económicos para impulsar el cambio
Uno de los aspectos más significativos de la actualización de la NDC chilena es la inclusión explícita de criterios vinculados a una transición justa, lo que supone admitir que la descarbonización provoca efectos distintos en trabajadores, comunidades y ramas productivas, y que esos efectos requieren ser abordados con anticipación y mediante procesos participativos.
La transición justa busca asegurar que nadie quede atrás en el proceso de transformación, promoviendo la reconversión laboral, el desarrollo de nuevas capacidades y la participación activa de los territorios en la toma de decisiones. Este enfoque es clave para sostener la legitimidad social de la acción climática y evitar que las políticas ambientales profundicen desigualdades existentes.
Junto con ello, Chile ha avanzado en la incorporación de instrumentos económicos que refuercen las señales de mercado. El fortalecimiento del impuesto verde y la introducción del precio social del carbono buscan internalizar los costos ambientales de las emisiones, incentivando decisiones de inversión más alineadas con los objetivos climáticos. Estas herramientas, bien diseñadas, pueden acelerar la transición al tiempo que generan recursos para financiar medidas de adaptación y protección social.
El rol de las empresas en la acción climática
El cumplimiento del Acuerdo de París no recae únicamente en los Estados, ya que las empresas desempeñan un rol crucial por su impacto en las emisiones y por la capacidad que tienen para innovar, invertir y transformar sus modelos productivos; en los últimos años, numerosas organizaciones han adoptado compromisos climáticos voluntarios, pero el reto vigente consiste en convertir esas promesas en estrategias concretas, medibles y sujetas a verificación.
La adopción de metas basadas en ciencia, la transparencia en los reportes de emisiones y la integración de la gestión de riesgos climáticos en la estrategia corporativa son pasos fundamentales para avanzar en esta dirección. Asimismo, la resiliencia empresarial frente a eventos climáticos extremos se ha convertido en un factor clave de competitividad y continuidad operacional.
En Chile, el trabajo articulado entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil ha permitido avanzar en este ámbito, pero aún existen brechas importantes. Pasar del compromiso a la implementación requiere capacidades técnicas, financiamiento y una visión de largo plazo que integre a colaboradores, proveedores y comunidades.
Innovación, involucramiento y responsabilidad social compartida
La envergadura del desafío climático demanda una transformación profunda de los modelos de desarrollo, donde resulte esencial impulsar innovaciones no solo en tecnologías limpias, sino también en mecanismos de gobernanza, financiamiento y participación ciudadana para acelerar el cambio. La acción climática eficaz se fortalece desde distintos niveles, articulando políticas nacionales con propuestas locales y compromisos individuales.
La participación ciudadana desempeña un papel esencial en este proceso, ya que al informar, educar y brindar herramientas a la población se fortalece una base social capaz de respaldar las decisiones complejas que demanda la transición, desde la modificación de hábitos de consumo hasta la implementación de reformas profundas en sectores estratégicos de la economía, y sin este apoyo las políticas climáticas pueden quedar expuestas a la pérdida de continuidad o eficacia.
De igual modo, la colaboración internacional continúa siendo un elemento esencial, ya que el intercambio de aprendizajes, la difusión de tecnologías y la canalización de financiamiento climático hacia los países en desarrollo constituyen requisitos indispensables para mantener viable la meta global de 1,5 °C.
Una década decisiva para Chile y el mundo
A diez años del Acuerdo de París, Chile ocupa una posición clave, respaldado por avances en transición energética, fortalecimiento de su institucionalidad climática y un liderazgo regional que consolidan una base firme para ampliar la acción durante la próxima década; aun así, el margen para equivocarse es estrechísimo, pues la ciencia advierte con claridad que las decisiones adoptadas entre hoy y 2035 marcarán el curso climático del siglo.
No basta con comprometerse ni con liderar en indicadores específicos. El desafío es cumplir, escalar y acelerar. Transformar promesas en acciones concretas, medibles y verificables es la única forma de honrar el espíritu del Acuerdo de París y proteger el bienestar de las generaciones futuras.
La década que comienza será recordada como el momento en que la humanidad decidió, o no, cambiar de rumbo. Para Chile, la oportunidad es clara: liderar en América Latina una transición justa, resiliente y regenerativa que reduzca emisiones, fortalezca el tejido social y genere nuevas oportunidades económicas. El futuro climático no se define en declaraciones, sino en decisiones tomadas hoy, con urgencia, coherencia y visión de largo plazo.
