El Parlamento de El Salvador, dominado por el partido gobernante, sancionó una enmienda a la Constitución que permite la reelección continua del presidente, alarga el periodo presidencial de cinco a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. La medida fue promovida por el partido del mandatario Nayib Bukele y obtuvo el apoyo de 57 de los 60 legisladores, en una votación llevada a cabo sin discusión previa y en un proceso expedito.
La enmienda realiza cambios en los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Una de las modificaciones más relevantes es la eliminación de la regla que impedía la reelección inmediata del presidente, lo que habilita a Bukele para competir por un nuevo mandato indefinidamente. Por otro lado, se elimina la segunda vuelta electoral, significando que el candidato que logre la mayoría de votos, aunque no sea una mayoría total, será declarado presidente. También, se establece que el próximo período presidencial durará seis años en lugar de los cinco actuales que dicta la Constitución.
Un artículo transitorio incluido en el paquete de reformas adelanta las elecciones presidenciales para 2027, acortando el mandato actual de Bukele. Con esto, el oficialismo busca consolidar su control político, facilitando una eventual nueva postulación del mandatario antes de lo previsto.
Desde el oficialismo se argumentó que la reforma fortalece la democracia al permitir que el pueblo salvadoreño tenga la libertad de reelegir a sus gobernantes sin restricciones. Legisladores afines al Ejecutivo sostuvieron que la reelección indefinida ya es posible en otros niveles de gobierno, como en alcaldías o diputaciones, y que este cambio simplemente extiende esa posibilidad al cargo presidencial.
No obstante, la reforma ha encontrado una oposición significativa de diversos sectores políticos, entidades defensoras de derechos humanos y expertos en política, quienes perciben que es un avance hacia el fortalecimiento de un sistema autoritario. Los detractores señalan que suprimir los límites a la reelección sin un debate exhaustivo y sin incluir a la población en la consulta supone un retroceso en términos de democracia.
Perspectivas contrarias indicaron que la reforma fue aprobada sin debate público ni mecanismos participativos, lo cual compromete los principios esenciales del Estado de derecho. Asimismo, se criticó la ausencia de transparencia en el proceso y la centralización de poder en el Ejecutivo, que ya tiene un control considerable sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde 2021, cuando el Congreso destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, se ha denunciado una erosión sistemática de los contrapesos institucionales en El Salvador. La sentencia posterior de la nueva Corte Suprema que habilitó la reelección inmediata fue vista como parte de esa misma tendencia.
El respaldo de la comunidad internacional ha sido dispar. Algunos gobiernos han expresado su preocupación por la deriva autoritaria en El Salvador, mientras que otros han manifestado su respeto a las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aprobadas por una Asamblea elegida democráticamente.
Organizaciones globales, como Human Rights Watch y otros grupos que promueven la democracia, advirtieron sobre los peligros de la reelección ilimitada, señalando experiencias comparables en diferentes países de América Latina, donde reformas de este tipo han resultado en crisis institucionales y en la disminución de las libertades civiles.
Aunque el presidente Bukele aún no ha declarado de manera formal su deseo de presentarse para otro período, la enmienda manifiestamente permite esa opción. Su respaldo se enfoca en su estrategia de seguridad que ha disminuido significativamente la violencia con acciones extraordinarias, como el continuo estado de excepción, mejorando su aceptación entre los votantes.
No obstante, han sido habituales las acusaciones de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios y limitaciones a la prensa independiente. La implementación de esta reforma, en un contexto donde el poder está altamente centralizado, incrementa el temor de que El Salvador se encamine hacia un modelo de gobierno con limitados controles y escasas garantías democráticas.
La modificación constitucional todavía necesita una segunda ratificación por parte del legislativo en la siguiente legislatura para entrar en plena vigencia, tal como lo estipula la propia Carta Magna. Sin embargo, considerando la actual conformación del Congreso y el apoyo político del que goza el presidente, es probable que esta segunda ratificación se logre sin dificultades significativas.
El cambio en el sistema político salvadoreño con esta reforma representa un momento crucial para la nación, cuyo futuro estará determinado en gran parte por la manera en que se apliquen estas modificaciones y por la habilidad de los agentes democráticos para organizar una respuesta institucional que mantenga el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
