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¿Qué implican «pérdidas y daños» en la crisis climática?

Qué significa “pérdidas y daños” en discusiones climáticas

Pérdidas y daños representa un elemento central en las negociaciones climáticas internacionales y se refiere a las consecuencias negativas del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante acciones de mitigación ni resolverse por completo con medidas de adaptación. Incluye tanto perjuicios económicos, como daños en infraestructuras, disminución de la producción agrícola o costos de recuperación, y también pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de poblaciones, la extinción de prácticas culturales, la reducción de la biodiversidad y la vulneración de derechos territoriales.

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

  • Mitigación: acciones orientadas a disminuir la liberación de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global.
  • Adaptación: iniciativas destinadas a minimizar la exposición al riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a efectos previstos, como la construcción de diques, el desarrollo de cultivos más resistentes y la implementación de sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: consecuencias residuales que persisten a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como afectaciones súbitas o irreversibles que no pueden compensarse por completo.

Tipos de pérdidas y daños

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de arrasar la infraestructura en cuestión de horas.
  • Procesos lentos: aumento del nivel del mar, desgaste de las zonas costeras, salinización, sequías prolongadas y una paulatina merma de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: gastos directos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos obligados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y afectaciones sociales profundas.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de habitantes y ocasionaron pérdidas notables en cultivos y viviendas; las evaluaciones internacionales indicaron que enormes grupos poblacionales quedaron desplazados y se registraron daños por miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un elevado número de víctimas, destruyó infraestructura clave y causó perjuicios económicos calculados en miles de millones de dólares, además de un prolongado impacto humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): provocó el colapso de servicios esenciales y daños tasados en decenas de miles de millones de dólares según varias estimaciones; puso de manifiesto cómo los eventos extremos pueden desencadenar crisis sanitarias y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) sufren erosión y pérdida territorial, lo que obliga a planificar reubicaciones nacionales o incluso transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en zonas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías persistentes y plagas asociadas al clima disminuyen los ingresos agrícolas, agravan la inseguridad alimentaria y fomentan procesos migratorios.

Entorno internacional y ámbito político

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): la discusión sobre pérdidas y daños forma parte de las negociaciones desde hace años; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños para coordinar investigación y acción técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron crear un fondo específico para abordar pérdidas y daños, especialmente para apoyar a países en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. La puesta en marcha implica definir gobernanza, fuentes de financiamiento y criterios de acceso.
  • Tensión política: existe desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si el apoyo constituye reparación, compensación o solidaridad; algunos países temen obligaciones de responsabilidad legal y otros exigen justicia climática.

Medición, atribución y valoración

  • Ciencia de atribución: facilita evaluar en qué medida el cambio climático provocado por actividades humanas influyó en la frecuencia o magnitud de un fenómeno extremo, respaldando decisiones de financiamiento aun cuando no siempre ofrece conclusiones definitivas para cada situación.
  • Valoración económica: calcular daños directos resulta relativamente sencillo (infraestructura, producción), pero estimar pérdidas no económicas —como identidad, prácticas culturales o biodiversidad— implica mayores dificultades y suele quedar corto al traducirse a valores monetarios.
  • Brechas de datos: los países con capacidad estadística limitada enfrentan obstáculos para medir impactos y sustentar solicitudes de asistencia, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a recursos.

Mecanismos de respuesta y financiamiento

  • Prevención y reducción del riesgo: inversión en infraestructura resiliente, planificación territorial, restauración de ecosistemas.
  • Mecanismos de seguro: pólizas nacionales, fondos regionales de seguros para desastres (por ejemplo, mecanismos en el Caribe y el Pacífico) que ofrecen pagos rápidos tras eventos extremos.
  • Financiamiento internacional: subvenciones, préstamos concesionales, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en negociaciones globales.
  • Medidas innovadoras: propuestas incluyen impuestos sobre carbono, tasas sobre transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones voluntarias; cada opción genera debate sobre equidad y eficacia.

Retos prácticos y éticos

  • Equidad: los países que menos han aportado al calentamiento suelen enfrentar los efectos más duros; existe un sólido fundamento moral para impulsar transferencias financieras del Norte global hacia el Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la petición de resarcir daños históricos se topa con la renuencia de ciertos Estados a asumir obligaciones legales y económicas.
  • Implementación operativa: es necesario precisar quién podrá utilizar el fondo, cómo se establecerán las prioridades, de qué manera garantizar transparencia y cómo asegurar que los recursos alcancen efectivamente a las comunidades perjudicadas.
  • Pérdidas no asegurables: algunos perjuicios, como la desaparición de territorios insulares o de la identidad cultural, no pueden resolverse únicamente con dinero; requieren respuestas políticas más complejas, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Recomendaciones y sugerencias óptimas

  • Combinar enfoques: integrar prevención, preparación, seguros y financiamiento de largo alcance a fin de cubrir pérdidas económicas y respaldar inversiones orientadas a fortalecer la resiliencia.
  • Empoderar comunidades: involucrar a pueblos indígenas y a comunidades locales en el diseño y la implementación de acciones que garanticen pertinencia cultural y resultados eficaces.
  • Transparencia y gobernanza: crear mecanismos nítidos de supervisión y rendición de cuentas que permitan monitorear el destino de los recursos.
  • Soluciones regionales: impulsar la cooperación en fondos y adquisiciones de cobertura a escala regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.

Por Valentina Sequeira

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