El Caribe ha pasado a ser un destino deseado no solo por sus playas de ensueño y su vida tranquila, sino también por una tendencia en aumento: adquirir la ciudadanía mediante la compra de bienes raíces. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía tienen programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés), que permiten a los compradores adquirir un pasaporte caribeño al comprar una propiedad, que en algunos casos comienza en los 200,000 dólares.
La práctica, que se ha disparado en los últimos años, atrae principalmente a ciudadanos de países como Estados Unidos, Ucrania, Turquía, Nigeria y China, y se ha intensificado por la creciente volatilidad política y social, especialmente en EE.UU. Estos programas no solo ofrecen el beneficio de una nueva nacionalidad, sino que también otorgan acceso sin visado a más de 150 países, incluidos el Reino Unido y la zona Schengen, lo que aumenta considerablemente su atractivo para los ciudadanos internacionales.
Un mercado de bienes raíces en expansión y la búsqueda de estabilidad
Según informes recientes, las agencias inmobiliarias en Antigua están luchando para satisfacer la creciente demanda de propiedades de lujo, en su mayoría compradas con la intención de obtener la ciudadanía. Nadia Dyson, de Luxury Locations, una de las principales agencias de bienes raíces en Antigua, asegura que hasta el 70% de sus compradores buscan específicamente la ciudadanía a través de su inversión. La gran mayoría de estos compradores provienen de Estados Unidos, donde las tensiones políticas internas y la preocupación por la seguridad han aumentado el interés por estos programas de inversión.
El cambio en las tendencias de compra se ha hecho evidente. En el pasado, muchos compradores optaban por adquirir propiedades en el Caribe por razones de estilo de vida, pero ahora la adquisición de una propiedad se ha convertido en una forma directa de obtener una segunda nacionalidad, lo que permite a los compradores la libertad de moverse por el mundo sin restricciones. Dyson observa que, aunque el programa de Antigua no exige residencia, muchos compradores prefieren mudarse a tiempo completo a la isla.
El atractivo de estos programas se debe a la facilidad para los ricos de obtener una segunda nacionalidad sin perder su ciudadanía original, algo que también es altamente valorado por las personas de negocios. Además, la falta de impuestos sobre plusvalías, sucesiones e incluso sobre la renta en muchos de estos países, ha atraído a inversores de todo el mundo.
La influencia de la incertidumbre política y las ventajas de la ciudadanía
La demanda de pasaportes caribeños ha aumentado aún más desde la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de viaje hicieron que los viajeros más acaudalados se dieran cuenta de la importancia de tener múltiples pasaportes para evitar restricciones internacionales. La política interna de EE.UU. ha sido otro factor clave. Tras las elecciones de 2020 y 2024, muchos estadounidenses vieron en los programas de CBI una forma de «respaldo» ante la creciente polarización política, como explicó Dominic Volek, de la consultora Henley & Partners, que ha documentado el auge de solicitudes de ciudadanía por inversión de ciudadanos estadounidenses.
Este fenómeno no es privativo de los residentes de Estados Unidos; individuos de diversas regiones del mundo han optado por los programas de CBI en el Caribe para obtener una movilidad más flexible y, en ciertas ocasiones, para garantizar una «protección» frente a lo que perciben como riesgos a sus libertades civiles y de viaje en sus naciones de origen.
Controversias y preocupaciones a nivel mundial
A pesar del auge de estos programas, no han estado exentos de controversia. En 2012, cuando Antigua comenzó a vender pasaportes para ayudar a mejorar su economía, el concepto fue criticado por muchos dentro de la isla. Manifestantes salieron a las calles en señal de protesta, argumentando que se estaba «vendiendo» la identidad nacional a cambio de dinero, lo que generó un debate ético sobre la venta de la ciudadanía.
Además, los gobiernos de otros países del Caribe que no ofrecen estos programas, como San Vicente y las Granadinas, han expresado su desaprobación, y la comunidad internacional ha mostrado preocupación por la posibilidad de que estos programas sean utilizados para la evasión fiscal o actividades delictivas. La Unión Europea y Estados Unidos han señalado que están monitoreando de cerca los programas, y han amenazado con retirar los beneficios de acceso sin visado para los ciudadanos de los países caribeños si no se toman medidas más estrictas para supervisar a los solicitantes.
Una oportunidad económica para ciertos, un reto para otros
Aunque estos programas han enfrentado críticas y preocupaciones a nivel internacional, diversos países caribeños que los han implementado sostienen su relevancia económica. El líder de Dominica, Roosevelt Skerrit, junto con su par de Santa Lucía, Philip J Pierre, han manifestado que los programas de CBI son claros y que las inversiones han sido vitales para el desarrollo de infraestructuras y el impulso económico en sus naciones. En el escenario de Antigua, los recursos obtenidos por la comercialización de pasaportes han sido esenciales para evitar la bancarrota del país y costear proyectos importantes, tales como hospitales y construcciones de infraestructura.
Aunque los ingresos obtenidos del programa CBI representan entre el 10% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de estas naciones, los gobiernos de la región se han visto obligados a equilibrar la necesidad de generar ingresos con la necesidad de garantizar que el proceso sea seguro y ético. En respuesta a las preocupaciones internacionales, las islas caribeñas han tomado medidas para reforzar la supervisión de los solicitantes de ciudadanía, incluyendo auditorías periódicas y entrevistas obligatorias.
Un balance cuidadoso entre el desarrollo económico y la ética
La obtención de ciudadanía a través de la inversión ha evolucionado de ser una medida económica disputada a convertirse en una fuente esencial de ingresos para ciertos países del Caribe. Aunque para algunos representa una oportunidad valiosa para lograr más libertad de tránsito y seguridad política, hay quienes plantean dudas sobre sus aspectos éticos y de seguridad. El porvenir de estas iniciativas de CBI estará determinado por la forma en que las naciones caribeñas logren balancear este aspecto, aplicando controles más rigurosos y manteniendo un enfoque que asegure la transparencia, al mismo tiempo que aprovechan las ventajas económicas de otorgar pasaportes.
